Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto de 2011
Luego de las jornadas de intercambio que realizamos para conocer su opinión, inquietudes y anhelos para fortalecer la democracia hondureña, nos presentamos ante ustedes cumpliendo nuestra promesa de hacerles entrega del Proyecto de una nueva Ley de Participación Política que elaboramos y que recientemente ha sido sometido a consideración del Honorable Congreso Nacional para su aprobación.
Esta nueva Ley se nutre de la experiencia acumulada en pasadas elecciones, de nuestras convicciones como Magistrados y muy especialmente de las demandas y sugerencias que recogimos en las reuniones realizadas con ustedes, más de 3000 representantes de todos los sectores sociales entre agosto de 2010 y marzo de 2011 en 14 ciudades del país.
Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral les expresamos nuestro profundo agradecimiento por el espacio de diálogo franco, crítico, propositivo y fundamentalmente constructivo que nos brindaron. El proceso de socialización, como un invalorable camino de intercambio de los temas para una reforma electoral fue una experiencia inédita en nuestro país. Nos comprometemos a continuarlo y enriquecerlo. Este proyecto no surge de la discusión de un documento previamente elaborado y sometido a consideración de la ciudadanía; más bien es la ciudadanía misma la que nos brindó los insumos base para construir esta nueva Ley.
Hacemos hoy de su conocimiento el fruto del trabajo conjunto. Este Proyecto de Ley para la Participación Política y Electoral busca establecer el marco legal adecuado para que la participación de los ciudadanos y ciudadanas se perfeccione, sea más consciente, efectiva y beneficie al conjunto de la Nación hondureña.
Tal como lo expresamos en nuestros Compromisos Institucionales con la Democracia y el Pueblo Hondureño, nos dimos a la tarea de “liderar un proceso incluyente de consulta sobre una propuesta de reforma integral, armónica participativa y consensuada”. Es por ello que nuestra propuesta es un instrumento legal integral, que da un marco coherente y específico a cada tipo de elección, sea esta interna de las organizaciones políticas, primaria o general.
SE CREA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA
Para honrar nuestro compromiso con la participación y la educación ciudadana efectiva y sin exclusiones, la propuesta contiene la creación del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana. Sus funciones centrales son promover y fortalecer la cultura cívica, la participación política activa e informada y la interacción con otros organismos del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y universidades, para que sumen sus esfuerzos a la gran tarea de consolidación de nuestra democracia.
PARIDAD Y ALTERNANCIA
En cuanto a la participación política de las mujeres, el Proyecto de Ley propone una serie de obligaciones tendientes a garantizar su derecho a la igualdad y a la no discriminación. Su inclusión en las planillas de candidatos(as) a cargos de elección popular mediante el mecanismo de alternancia, la obligación de la paridad en los órganos de dirección de las organizaciones políticas y en sus actividades de capacitación y formación de liderazgo, y en todos los organismos electorales nombrados por el Tribunal Supremo Electoral, supone un paso decisivo a favor su inclusión real. Estamos convencidos de que la equidad de género mejora la calidad de la democracia.
INCLUSIÓN
El Proyecto de Ley también prevé medidas afirmativas para promover la participación de otros grupos sociales que enfrentan dificultades para ejercer sus derechos cívicos y políticos. Se respetará el derecho de los pueblos indígenas y afrohondureños de recibir información en su propia lengua o dialecto, se facilitará el acceso a los centros de votación y el ejercicio del sufragio a las personas que enfrentan retos especiales o algún tipo de discapacidad. Para garantizar el sufragio universal se instalarán Juntas Receptoras de Votos en lugares como hospitales, hogares de ancianos y otras dependencias públicas donde se encuentren ciudadanos(as) que no pueden llegar a su centro de votación.
Hemos dicho muchas veces que es necesaria una mayor presencia institucional del TSE en la estructura de la administración electoral. Para ello, la reforma prevé que las Juntas Departamentales y Municipales las integre personal escogido y nombrado por el TSE, y que en elecciones generales el secretario y el escrutador se seleccionen de esa misma forma. Esto permitirá que los miembros de las juntas receptoras de votos nombrados a propuesta de los partidos políticos y la ciudadanía en general, cuenten con un respaldo institucional directo. Entendemos que este es el camino posible hacia la ciudadanización de la Junta Receptora de Votos que fue tan demandada por ustedes.
Lo anterior, junto a la creación de las Juntas Ciudadanas de Verificación y Recuento y al nombramiento de los Custodios Electorales, representa un paso enorme en la participación de la sociedad civil en los procesos electorales.
FORTALECIMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
En cuanto a los partidos políticos, este Tribunal ha tenido en cuenta tanto el compromiso con su “fortalecimiento y democratización” como la demanda de un importante sector de la población sobre lo que llamaron las reglas del juego. Son varias las medidas de auditoría y control de los gastos de las organizaciones políticas, pero también son varias las que se toman para su fortalecimiento.
Entre las más destacadas se encuentran la reglamentación y control del financiamiento privado, el establecimiento de topes a las contribuciones y los gastos y la búsqueda de mecanismos de financiamiento público que preserve el sistema de la influencia del narcotráfico y el crimen organizado. La propuesta de aplicar el sistema de representación proporcional previsto por la Constitución para el nivel de diputados (as) en las elecciones generales a las elecciones primarias, esto representa un paso hacia la democratización interna de los partidos políticos y una concepción más asertiva del principio de representación popular.
TIPIFICACIÓN DE DELITOS ELECTORALES
Junto a esta Propuesta de Ley de Participación Política y Electoral presentamos al Congreso de la República una Propuesta de Reforma al Código Penal para tipificar los delitos contra procesos electorales y consultas populares.
Otras reformas se encuentran expresadas en el texto del Proyecto que estamos entregando, pero no todas las propuestas y sugerencias recibidas fueron contempladas. Algunas son competencia de otros organismos y a ellos las hemos trasladado. Otras sí nos competen, pero hemos tenido que evaluar su aplicabilidad y viabilidad tanto técnica como presupuestaria y entendimos que es necesario avanzar progresivamente sobre algunos temas.
En cuanto a lo que atañe al sistema político, incluyendo separación de elecciones, la forma de nombramiento de los gobernadores (as) departamentales o la creación de distritos electorales deberán ser discutidos en el Congreso Nacional y el TSE opinará técnicamente cuando se lo soliciten.
Gracias nuevamente por el apoyo recibido, confiamos en el diálogo interinstitucional para que este Proyecto sea mejorado y enriquecido y sentimos la satisfacción de haber culminado una etapa importante en la vida institucional del país.
Con la esperanza de que sigamos uniendo esfuerzos para fortalecer la vida democrática del país.
ABOG. ENRIQUE ORTEZ SEQUEIRA LIC. JOSÉ SAÚL ESCOBAR ANDRADE
MAGISTRADO PRESIDENTE MAGISTRADO PROPIETARIO
ABOG. DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON ING. DENIS FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
MAGISTRADO SECRETARIO MAGISTRADO SUPLENTE